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Hace sesenta y dos años, el jueves 16 de junio de 1955, a la una menos veinte del mediodía, aviones de la Marina de Guerra y de la Aeronáutica sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de bombardear la Casa de Gobierno en la que se encontraba el presidente de la República, Juan Domingo Perón, en un episodio único en el mundo. No existen registros de que aviones de las Fuerzas Armadas de ningún país hayan atacado a su propia población civil.

El saldo de este hecho nunca fue esclarecido con exactitud: algunos hablan de 300 muertos, otros aseguran que fueron 350 y más de mil heridos. Lo cierto es que durante cinco horas cayeron un centenar de bombas en la Plaza de Mayo, pero también en la entonces Residencia Presidencial, donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional; en los barrios de Mataderos, Liniers y San Cristóbal y hasta en el hospital Ramos Mejía.

 

Cuando la primera bomba detonó en la Casa Rosada, un batallón de infantes de marina intentó tomar el edificio pero fue repelido por el Regimiento de Granaderos.

 

Los sublevados en contra del gobierno democrático y constitucional, comandados por el almirante Samuel Toranzo Calderón, tomaron la base aérea de Morón y el aeropuerto internacional de Ezeiza, recientemente inaugurado, para usarlo como base de reabastecimiento, y coparon el edificio de Radio Mitre desde donde emitieron un comunicado a la población: “Argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra argentina. El tirano ha muerto. Nuestra Patria, desde hoy, es libre. Dios sea loado”.

 

Pero el Presidente, que había iniciado su segundo período luego de haber obtenido el 63,5% de los votos duplicando casi los que había sumado la Unión Cívica Radical,  no había muerto. Estaba en los sótanos del ministerio de Ejército desde donde ordenó la represión militar. Fue entonces cuando una escuadrilla de aviones, leal al gobierno, atacó la base de Ezeiza e inutilizó a varios aviones rebeldes.

 

Pero en la ciudad el bombardeo continuaba. Una bomba impactó en la boca del subterráneo, otra cayó sobre un trolebús repleto de pasajeros. Las ráfagas de ametralladoras derribaban transeúntes aterrados que buscaban donde guarecerse. Alrededor de las 16, grupos de trabajadores convocados por dirigentes sindicales como Augusto Timoteo Vandor y Héctor Tristán, entre otros, comenzaron a llegar a la Plaza para defender al Presidente. Y una hora más tarde, tropas leales marcharon hacia el aeropuerto para reprimir a los rebeldes. Los sublevados decidieron replegarse y buscaron refugio en el Uruguay. Antes de entregarse, pidieron que la rendición se efectuara ante el Ejército, que no había participado en la masacre, para evitar un linchamiento popular.

 

El 7 de julio de 1955, por decreto del Poder Ejecutivo se dieron de baja a 79 marinos y 26 aeronáuticos que habían participado del ataque y que se encontraban prófugos. Los apresados en territorio nacional fueron detenidos en la Penitenciaría Nacional. El jefe de la conspiración fue condenado a degradación y prisión perpetua.

 

No existían listados oficiales con los nombres de los que murieron en aquella jornada porque fueron destruidos por la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón tres meses más tarde.

 

Debieron pasar 54 años hasta que el 16 de junio de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró un monumento en  memoria de las víctimas ubicado en la explanada de la Casa de Gobierno, en la esquina de la calle Hipólito Yrigoyen. En esa ocasión, se presentó una investigación impulsada por Liliana Bacalja, hija de uno de las víctimas que murió cuando la primera bomba cayó en la plaza cuando ella tenía apenas un año, y que trabajó en el Equipo Especial de Investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la secretaría de Derechos Humanos, entonces a cargo de Eduardo Luis Duhalde.

 

Se pudieron documentar 321 muertos de los cuales 84 permanecen como NN, y mediante testimonios se pudo establecer el incendio de un micro, que trasladaba niños que habían viajado desde Santiago del Estero para un encuentro con el Presidente, en el que todos perdieron la vida. Los niños aún no están identificados porque no pudieron dar con las partidas de nacimiento en aquella provincia, pero sí confirmaron sus muertes a partir del testimonio del entonces intendente de Avellaneda, Laurentino García, y de varias enfermeras que intentaron ayudarlos.

 

Sí en cambio se cuenta con la nómina de los sublevados entre los que  sorprenden algunos nombres que continuaron actuando luego en la política nacional: el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi, el entonces capitán de fragata Francisco Manrique, entre otros.

 

Muy al final aparece Eduardo Emilio  Massera, un ignoto teniente de navío que entonces se desempeñaba como secretario del ministro de Marina, contralmirante Anibal Olivieri, también partícipe del levantamiento. El mismo que dos décadas más tarde compartió la responsabilidad de la muerte y desaparición de treinta mil ciudadanos, muchos más de los que cayeron el 16 de junio de 1955, y que todavía no se sabe dónde están y qué fue lo que pasó con ellos.  

 

Fuente: Araceli Bellota. El presente de la historia. 

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