• viernes 19 julio 2019

    31-03-2019

    DE LA PRENSA | Si pasa, la fuga deja de ser delito



    Intento camuflado de derogar la ley penal cambiaria

    El proyecto del Ejecutivo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central oculta el intento de derogación de la ley penal cambiaria.

    Por Raúl Dellatorre

    El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central enviado el viernes al Congreso contiene un cambio sustancial a la actual legislación que, sin embargo, no fue incluido entre “los puntos clave” enunciados por el Ministerio de Hacienda en su presentación. En uno de sus últimos artículos, el 40, se propone la derogación de la Ley 19.359, es decir el régimen penal cambiario, sin sustituirlo por una nueva norma que castigue los delitos allí reglados. “Al eliminar el régimen penal cambiario, cualquier fuga de capitales deja de ser delito”, advirtió el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), al comentar ayer la mencionada reforma en las redes sociales.

     La propuesta de reforma de la carta orgánica del BCRA fue impulsada por el Fondo Monetario Internacional, que junto al acuerdo stand by con el que aportó a salvar al gobierno de Mauricio Macri de un seguro default, en 2018, impuso una serie de condicionamientos bajo la denominación de “reformas estructurales”, que el actual Jefe de Estado se comprometió a llevar a cabo antes de finalizar su mandato. Una de ellas es esta modificación en las funciones del Banco Central. Las demás, están referidas al sistema previsional y al régimen laboral. En estos últimos dos casos, ante las previsibles resistencias que modificaciones desregulatorias o precarizadoras generarían en el Congreso, es probable que se intenten “hacer pasar” vía decretos. En el caso de la ley penal cambiaria, el gobierno no tuvo otra alternativa que enviar por ley el proyecto para derogar otra ley, pero buscando disimular su verdadera intención.

     El Cipce subrayó que “el proyecto argumenta que esta reforma es necesaria porque “la experiencia recogida respecto de la aplicación de la ley 19.359 no ha sido positiva”. Al respecto, el organismo de investigación que dirige Agustín Carrara comenta que “es cierto que hay pocas condenas, no sólo en delitos cambiarios sino en corrupción y delitos económicos en general; pero la solución no es que esto deje de ser delito, sino reformar el sistema de justicia y mejorar el funcionamiento de los organismos de control y supervisión”. Y en la misma línea se pregunta: “¿eliminar el delito es la solución?”.

     Por otra parte, el análisis de Cipce puntualiza que este proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA “es contradictorio con otro que envió al Congreso el mismo Ejecutivo hace una semana: el anteproyecto de Código Penal, que mantiene los delitos cambiarios”.

     Más adelante, el centro de estudios explica lo que implicaría, en la práctica, que este proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento se sancionase. “Cualquier causa penal donde actualmente se está investigando la fuga de capitales a paraísos fiscales o el lavado de dinero que provenga de estas maniobras se cerraría automáticamente, porque ya no sería un delito”. La derogación del régimen penal cambiario de la Ley 19.359, por lo tanto, considera el Cipce que “es funcional no sólo al empresariado y los funcionarios/as que fugan capitales de manera ilícita, sino también a toda la red de instituciones que gestionan el mercado offshore: bancos, firmas de auditoría y contabilidad, estudios de abogados/as y contadores/as, etc”.

    Publicado en Página 12/31-3-19