• martes 21 mayo 2019

    07-04-2019

    No al Banco Central del Fondo Monetario



    EL CONGRESO DE LA NACIÓN DEBE REACCIONAR

    A nadie escapa que el Fondo Monetario Internacional supervisa las decisiones económicas de este Gobierno. Es más, por su imposición, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que:

    • Elimina al empleo y al desarrollo económico como objetivos prioritarios del Banco Central y al requisito de idoneidad moral para dirigirlo.
    • Habilita la designación de extranjeros para integrar su Directorio, abriendo la puerta a una imposición del propio Fondo o los acreedores externos.
    • Concentra el poder de decisión en un Comité de Política Monetaria de sólo tres miembros, excluyendo a la mayoría del Directorio de decisiones estratégicas.
    • Condiciona las funciones de control de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, sujetando el ejercicio regular del “poder de policía” a que está obligada sobre la actividad, al ánimo de los Directores y un Comité de Supervisión que privatizará en consultores externos el control que debe ser público.
    • Anula el Régimen Penal Cambiario, neutralizando la prevención de la fuga de capitales y lavado de dinero.
    • Elimina la posibilidad de un control real de su gestión por vía del Síndico y de la Auditoría General de la Nación, agravando, por carencia legislativa, las consecuencias del desconocimiento de la jurisdicción del Congreso sobre el Banco.

    El texto, con pésima técnica legislativa, “des-ordena” la reglamentación de la Constitución Nacional. Potencia las facultades del triunvirato de Política Monetaria, que crea, para mediante simples resoluciones, imponer decisiones aún contrarias al interés nacional y de los terceros –ahorristas, usuarios– cuyo patrimonio administran, por concesión del Estado, las entidades del sistema.

    De esta manera se agrava un problema que siempre advertimos: sin una ley marco que ordene adecuadamente los servicios financieros como el servicio público que deben ser, el BCRA queda limitado en su capacidad de actuar como ente rector y de contralor del Sistema Financiero.

    No es casual que la Ley marco siga siendo la 21526 de Entidades Financieras, la de Martínez de Hoz y de la Dictadura, extremadamente permisiva, con demasiados “agujeros negros”, agigantados por las actuales innovaciones tecnológicas, que sirvió y sirve a quienes lucran con el endeudamiento del Estado y el abuso usurario.

    Hoy el BCRA está actuando al compás de los fondos de inversión, de los bancos, sobre todo transnacionales que tienen la capacidad de prestarle al gobierno para sostener este esquema económico sin sustento real. La función del FMI es garantizar que no pierdan. A ese objetivo responde el proyecto que se envió al Congreso, con él la dependencia se agravará.

    Por eso rechazamos el Proyecto de Carta Orgánica del Poder Ejecutivo. Y reiteramos, junto a nuestro reclamo de cambio de la política económica, la urgencia de una reforma financiera real, coherente con el interés nacional. En ese sentido reiteramos nuestro pedido de siempre, que el Congreso considere:

    • Una nueva Ley de Servicios Financieros, que enmarque el accionar del Banco Central y de todos los actores de la actividad financiera en función de la actividad productiva, del desarrollo con empleo y justicia social, de las necesidades de las familias.
    • Una nueva Carta Orgánica del BCRA que garantice el control permanente, plural, del Congreso Nacional en cuya jurisdicción se encuentra. Un Directorio idóneo y representativo. Una Superintendencia de control que cubra toda la actividad financiera, otra que garantice los derechos de los  usuarios de este servicio público pues crear moneda –medio de pago y reserva de valor– es una función indelegable del Estado que hace demasiado que no se cumple adecuadamente. Un Banco Central que realmente sea el Banco Federal que establece en su art. 75 la Constitución Nacional, proteja al ahorro de los argentinos y oriente el crédito en función del desarrollo y el empleo.

    Por cierto, está a la vista que de la crítica situación que vivimos no nos salvará la política monetarista vigente, con sus altas tasas de interés y el objetivo, mentiroso, de promover la estabilidad de precios que fija el Proyecto de Macri para el Banco Central. Con ella lo único que han logrado en el pasado y logran en el presente es una fenomenal carrera inflacionaria, estrangular a la producción, agrandar el déficit fiscal, debilitar al peso como medio de pago y anularlo como reserva de valor. Todo lo contrario de lo que necesitamos.

    También que, a pesar de la ingente renta que se le transfiere, en el sector financiero no se pueden ocultar las consecuencias. Ya son muchos los estafados: titulares de créditos UVA, jubilados y otros usuarios de tarjetas de crédito con saldos e intereses impagables, morosos victimas del creciente deterioro de las cadenas de pago. Y serán muchos más.

    • Mención aparte merece la descapitalización que sufre la Banca Pública obligada a asistir al Tesoro Nacional, o a los estados provinciales.
    • La falta de regulación de la actividad financiera digital, virtual, potenciada por la innovación de las máquinas inteligentes, su capacidad para gestionar enormes bases de datos, la anonimidad de las monedas virtuales, el denominado proceso de “desintermediación financiera”.

    Estas innovaciones, a que refiere el último punto, conllevan la aparición de nuevos riesgos para la seguridad tanto del sistema como del usuario, la utilización desaprensiva de sus datos personalísimos, el crecimiento de la denominada “banca en las sombras” y del denominado “ciberdelito”, la carencia de la garantía del asesoramiento profesional y humano fehaciente, competencia profesional de los trabajadores bancarios, a que tiene derecho cada consumidor o ahorrista antes de definirse por un instrumento o inversión financiera.

    El proceso involucra, y las actuales autoridades del BCRA lo pasan por alto con negligencia, no sólo a los derechos del consumidor, a la seguridad de una actividad que gestiona el patrimonio de terceros, sino que supone una nueva organización y condiciones de trabajo, afecta los derechos de los trabajadores y la competencia entre las empresas de la actividad.

    Todo ello también merece la revisión que le hemos reclamado, sin ser escuchados salvo por muy pocos y excepcionales legisladores, a ambas cámaras del Congreso de la Nación.

    LA POLÍTICA ECONÓMICA DEBE CAMBIAR. EL SECTOR FINANCIERO TAMBIÉN.

    Buenos Aires, 7 de abril de 2019

    SECRETARIADO GENERAL NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA

    Sergio Palazzo
    Secretario General

    Andrés Castillo, Analía Lungo, Carlos Cisneros, Patricia Rinaldi, Pablo Regnier, Victoria Capoccetti, Carlos Irrera, Walter Rey, Mariel Iglesias,
    Gustavo Díaz, Enrique Ramírez, Cristian Stratico, Francisco Muratore, José Giorgetti, Juan Pallo, Matías Layús, Gabriel Dipierri,
    Carlos Ferrari,Rosa Sorsaburu, Claudia Ormachea, Cristina Maino, Eduardo Berrozpe

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